El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, a cargo del juez Roberto Gallardo, le ordenó al Poder Ejecutivo porteño que se abstenga de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad.

El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

"Es preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”, dice la resolución de Gallardo. Recuerda, además, como señala el planteo de la UTEP y la UEJN, que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió al protocolo antiprotestas del Ministerio de Seguridad. 

Gallardo sostuvo que el reclamo judicial no es "un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública". Advirtió que existen riesgos reales como "lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión" encuentran "sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. No son conjeturas ni hipótesis, sostuvo, ya que la "opresión a la autonomía" de la CABA ya ocurre. 

Para el Juez hay doble responsabilidad: del gobierno nacional en sus abusos y del gobierno porteño, que abandona sus funciones. “Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes”, alertó. 

Fuente: Página 12